Las críticas de las defensas al proceso centran el juicio a independentistas

  • EFE -
Las críticas de las defensas al proceso centran el juicio a independentistas
Madrid - Las críticas de las defensas, especialmente a lo que consideran falta de garantías jurídicas y al carácter político del proceso, centraron hoy el primer día del juicio contra los dirigentes independentistas catalanes en el Tribunal Supremo español por su participación en el intento secesionista de 2017.

El juicio, un procedimiento histórico en España que dirimirá la legalidad del intento separatista de octubre de 2017 en la región de Cataluña, comenzó este martes con algunos asuntos técnicos y de procedimiento, y continuó con las cuestiones previas planteadas por las defensas.



Ante los siete magistrados del Supremo comparecieron doce políticos y líderes de organizaciones civiles que tuvieron algún tipo de papel en esos acontecimientos, aunque el entonces presidente del Gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, huyó de la Justicia y vive en Bélgica.

En sus cuestiones previas, muchos de los abogados defensores plantearon, con diversos argumentos, dudas sobre aspectos del procedimiento que supuestamente atentan contra principios básicos de la democracia, e insistieron en que a su juicio los hechos que se imputan a los encausados no implican los delitos de sedición o rebelión de los que se les acusa.

El letrado Andreu Van den Eynde, defensor de los acusados Oriol Junqueras y Raül Romeva, se llevó buena parte del protagonismo al asegurar, en la primera intervención, que se está ante un juicio político que ha "criminalizado" cuestiones como el derecho a la protesta y a la libertad de expresión.

El abogado dijo que en la instrucción del proceso hubo "denegación de pruebas" y "vulneración de derechos fundamentales", criticó que los acusados lleven más de un año en prisión provisional y recalcó que la Constitución española no permite criminalizar a "la disidencia".



"Se ha descabezado al independentismo, se les compara con terroristas, nazis", subrayó.

Van den Eynde también recalcó el derecho a defender la independencia de una entidad subestatal "en términos de pueblo oprimido", algo que según él permite la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia).

Otro letrado, Jordi Pina, que defiende a tres de los acusados, pidió a los magistrados que "hagan de jueces y no de salvadores de la patria", y atacó a lo que denominó "falta de imparcialidad de al menos cuatro de ustedes" por ser miembros del tribunal inicial que admitió a trámite la querella inicial de la Fiscalía.

La letrada Olga Arderiu recalcó que a los acusados se les ataca "como si fuesen enemigos", lo que supone "una vulneración del principio de presunción de inocencia" pero también al derecho a emitir opiniones políticas.



La Fiscalía pide para los doce acusados penas que oscilan entre los 7 y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión (con uso de violencia), malversación y desobediencia, mientras que la Abogacía del Estado las rebaja a entre 7 y 12 años de prisión, ya que la acusación de mayor gravedad es la de sedición.

El partido ultraderechista Vox, que ejerce la acusación popular, pide condenas de 24 a 74 años.

El proceso tiene lugar entre medidas especiales de seguridad y de transparencia, ya que es retransmitido en directo por televisión y por internet.

El presidente del Gobierno regional catalán, el independentista Joaquim Torra, acudió con dos miembros de su Ejecutivo a esta primera jornada, en la que también están representantes de los parlamentos regionales catalán y vasco.



Los alrededores del Supremo, en el céntrico barrio madrileño de Chamberí, vieron un amplio despliegue de policías y periodistas (hasta 600 informadores cubrirán el juicio), con la presencia además de la plana mayor del independentismo catalán y protestas encontradas de ultraderechistas o de partidarios de los acusados.

Además, el inicio del proceso fue acompañado por protestas en Cataluña por parte de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), que cortaron la autopista AP7 en puntos de las provincias de Barcelona y Gerona, así como en una céntrica avenida barcelonesa.

El presidente del Parlamento regional catalán, el independentista Roger Torrent, decretó el cierre de la cámara por motivo del inicio del juicio, lo que causó peticiones de cese por parte de la líder del partido antiindependentista Ciudadanos, Inés Arrimadas, la formación más numerosa en esa asamblea. EFE

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