Auditores de América Latina y el Caribe unen fuerzas contra la corrupción trasnacional

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Auditores de América Latina y el Caribe unen fuerzas contra la corrupción trasnacional
© Sputnik / Mikhail Kutuzov
La XXIX Asamblea General de Entidades Fiscalizadoras Superiores de América Latina y el Caribe (Olacefs) concluyó en El Salvador con el compromiso de unir fuerzas en la lucha contra la corrupción trasnacional mediante un control estatal y social.

"Fue un evento fructífero para el intercambio de prácticas y estrechar los lazos entre las instituciones, ya sea mediante la implementación de las nuevas tecnologías o con un mayor énfasis en la ética profesional y humana", dijo a Sputnik la Contralora General de Cuba, Gladys Bejerano.



La funcionaria valoró las mesas de trabajo y paneles de expertos que condujeron a la firma de una Declaración Final del evento enfocada en prevenir y enfrentar las causas de un fenómeno que cuesta a los países en desarrollo cerca de 1.260 millones de dólares al año, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

"El control estatal de la cosa pública es más indispensable que nunca, por ello resulta fundamental enlazar acciones con el control social en beneficio de las naciones afectadas por la corrupción, el soborno, el robo y la evasión tributaria", agregó la representante de Cuba en la cita.

Bejerano valoró los aportes del evento en temas como la informatización y digitalización de los procesos de auditoría, en los cuales Cuba intenta avanzar pese a las limitaciones tecnológicas.

Cuba compensa su falta de recursos con un mayor énfasis en la probidad ética de los encargados de velar por la transparencia de los procesos administrativos, algo que es incentivado desde las universidades y en el trabajo con las nuevas generaciones de auditores.



La Asamblea de la Olacefs debatió además el impacto del crecimiento exponencial en el uso del internet en los mecanismos de fiscalización, forzados a actualizarse para estar a tono con los desafíos tecnológicos del momento.

El actual contexto impone no solo la revisión del uso de los recursos y el patrimonio de los servidores públicos, si no un replanteo de legislaciones, políticas y programas lastrados por formalidades prescindibles y que cuestan tiempo y recursos.

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