Procurador señala que Murillo tendrá que reconocer sus delitos si busca acuerdo con la Fiscalía de EEUU

  • ERBOL -
Procurador señala que Murillo tendrá que reconocer sus delitos si busca acuerdo con la Fiscalía de EEUU
Chávez confirmó que la Fiscalía solicitó postergación de audiencia. Foto de archivo.
Luego de confirmarse que la Fiscalía de Estados Unidos solicitó postergar la audiencia de Arturo Murillo hasta el 8 de septiembre, el Procurador del Estado, Wilfredo Chávez, señaló que fue un memorial presentado a último momento, sin embargo, afirmó que si el exministro quiere tener un acuerdo con las autoridades que investigan el caso, tendrá que reconocer su culpabilidad.

“Si se diera algún acuerdo, la base de cualquier acuerde es que (Murillo) reconozca absolutamente los delitos que ha cometido”, dijo Chávez al canal estatal.



Murillo fue detenido en Estados Unidos el 22 de mayo, acusado de lavado de dinero y soborno. Su audiencia fue postergada con anterioridad y debía realizarse el 9 de agosto, sin embargo, el lunes 2 de agosto se conoció quela Fiscalía ha solicitado un nuevo diferimiento.

“Lo que ha ocurrido es que se ha presentado a última hora un memorial conjunto de la Fiscalía con la defensa de Arturo Murillo solicitando el diferimiento de la audiencia para el 8 de septiembre”, explicó el Procurador.

Chávez sostuvo que ya había anticipado que era muy probable que se difiera el procedimiento en Estados Unidos, puesto que ese sistema permite llegar a acuerdos para que el imputado rebaje su sanción colaborando con el proceso.

Indicó que en audiencia ya se verá cuáles son las condiciones en que Murillo podría someterse a una especia de “juicio abreviado”.

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Aseguró, sin embargo, que la información es irrebatible respecto a los delitos que habría cometido Murillo.

De acuerdo con la investigación de EEUU, Murillo y otros exfuncionarios recibieron sobornos a cambio de direccionar la compra de gases lacrimógenos de parte del Gobierno transitorio a la empresa Bravo Tactical Solutions.

Según esos datos, la empresa Bravo cobró al Estado boliviano 5,6 millones de dólares, pero compró los agentes químicos en 3,3 millones a la empresa Cóndor de Brasil, lo cual deja un sobreprecio de más de 2 millones de dólares.