El Gobierno ve que fallo contra Sánchez de Lozada abre vía para procesos civiles en EEUU por delitos en otros países

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El Gobierno ve que fallo contra Sánchez de Lozada abre vía para procesos civiles en EEUU por delitos en otros países
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín en un acto en Palacio Quemado. Foto: El Potosí
El Gobierno consideró que la ratificación de la condena contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por el caso Octubre de 2003 abre la vía de jurisprudencia para iniciar procesos civiles en Estados Unidos por delitos de tortura y ejecuciones extrajudiciales perpetrados fuera de ese país.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, consideró además como “un acto de justicia e importante precedente contra la impunidad” la decisión que tomó el juez James I. Cohn dentro del proceso en el que además se encuentra el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín.

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“La decisión de del Juez Cohn se basa en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura (TVPA en inglés) de 1992 y abre línea de jurisprudencia para iniciar procesos civiles en ese país en contra de responsables de delitos de tortura y ejecuciones extrajudiciales perpetrados en países fuera de Estados Unidos”, afirmó Lima.

Tanto Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín solicitaron al juez Cohn que se deje sin efecto el proceso en su contra o se realice un nuevo juicio, pero la autoridad judicial estadounidense decidió denegar la moción de los acusados.

Con la determinación del juez, continua en pie el veredicto del jurado que en 2018 declaró a ambos responsables por las muertes extrajudiciales registradas en los conflictos de 2003, ordenándoles pagar $us 10 millones a los demandantes.

El bufete Williams & Connolly a nombre de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín afirmó que no se trata de una decisión final y se plantea apelar la misma.

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Para el Gobierno, la sentencia de 22 páginas contra las exautoridades “estableció suficiente evidencia para demostrar que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son responsables de las ejecuciones extrajudiciales de bolivianos que se registraron después de la promulgación del Decreto Supremo 27029 de 11 de octubre de 2003”.