Propuesta oficialista de reelección presidencial sembró de violencia Asunción

  • EFE -
Asunción - El Gobierno de Horacio Cartes sufrió su mayor crisis política en 2017 a raíz de un proyecto de su partido para habilitar la reelección presidencial, lo que sembró de violencia los alrededores del Congreso, parcialmente incendiado, y causó la muerte de un opositor.

Los hechos se extendieron desde la tarde del 31 de marzo, cuando grupos de manifestantes se enfrentaron con la Policía y dieron fuego a parte del edificio parlamentario, hasta esa medianoche, con el asalto policial a la sede del Partido Liberal.

En esa sede, en el centro de Asunción, murió Rodrigo Quintana, de 25 años y miembro de las juventudes de esa formación, fallecido presuntamente por el disparo de un agente.

No solo fue el momento más difícil por el que atravesó en todo su mandato Cartes, sino que además dio al traste con la iniciativa del ala mayoritaria del Partido Colorado de posibilitar su reelección en los comicios de 2018, prohibido por la Constitución.

La violencia retumbó además entre la comunidad internacional, ya que los sucesos se dieron el mismo día en que el Gobierno presentaba su marca país ante la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que por segunda vez en su historia se reunía en Asunción.

El mayor eco en el exterior se produjo sin embargo meses después, cuando el Gobierno de Uruguay concedió asilo político a cuatro imputados por el incendio del Congreso, todos del Partido Liberal y que huyeron a ese país alegando persecución política.

Un escenario que comenzó a armarse mucho antes, cuando Honor Colorado, el movimiento del Partido Colorado que preside Cartes, comenzó su campaña en favor de un proyecto de enmienda constitucional para facultar un segundo mandato presidencial.

La propuesta contó con el apoyo del Frente Guasu, del expresidente Fernando Lugo, y con la oposición de Colorado Añeteté, del senador Mario Abdo Benítez, líder de esa corriente "disidente" del Partido Colorado.

La enmienda también provocó una división en el Partido Liberal, con una mayoría en contra, la del jefe de la formación, Efraín Alegre, y una a favor, la encabezada por el senador Blas Llano.

Esos desencuentros políticos tuvieron su expresión la tarde del 31 de marzo cuando veinticinco senadores, entre oficialistas, del Frente Guasu y algunos liberales, aprobaron el proyecto de enmienda constitucional, el detonante de los violentos sucesos de ese día.

Y es que los senadores votaron a puerta cerrada y en la oficina parlamentaria del Frente Guasu, con el resto de legisladores en la sala de sesiones, en la que también estaba el presidente del Senado, el liberal Roberto Acevedo, quien había rechazado temporalmente la entrada del proyecto de enmienda.

Tras esa votación, varios de esos senadores se dirigieron a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo es mayoritario, para revalidar el proyecto.

Lo que no ocurrió porque el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, suspendió el proceso ante la batalla campal que se estaba viviendo fuera del Congreso entre manifestantes en contra de la enmienda y policías.

En las cargas policiales resultó gravemente herido con balines de goma el diputado liberal Edgar Acosta.

Luego tuvo lugar la irrupción policial en la sede de ese partido y la muerte de Quintana, en una noche que conmocionó a todo el país.

La gravedad de lo ocurrido quedó patente la mañana siguiente, con un Congreso todavía humeante y unos 200 detenidos por choques con la Policía y supuestos saqueos.

Ese mismo día el Gobierno anunció la destitución del ministro del Interior, Tadeo Rojas, y del jefe de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, además de una investigación por la muerte de Quintana.

Más tarde, el Gobierno entonó un llamado al diálogo a todas las fuerzas políticas, con los obispos católicos como intermediarios y con Alegre como la figura política que capitalizó la oposición a la enmienda.

La negativa de Alegre y de Acevedo a no participar en esas conversaciones derivó en el paso atrás de Cartes, que anunció, en una carta a los obispos, que no se presentaría a las elecciones de 2018.

Con ello quedó enterrado el proyecto de enmienda, luego sepultado en una votación en la Cámara de Diputados, y sorteada la mayor crisis institucional del mandato de Cartes, que en las generales de 2018 tiene previsto disputar un escaño en el Senado.

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