Bolivia indemniza a peruana por esterilización sin consentimiento

  • EFE -
Imagen ilustrativa
El Estado boliviano indemnizó a una peruana que fue sometida a una esterilización no consentida en el año 2000, en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), informó hoy una fuente oficial.

La indemnización fue entregada esta semana de forma simbólica a la directora de la organización Derechos en Acción, Rielma Mencías, quien representó a la peruana, identificada con las iniciales I.V., según un comunicado de la Procuraduría General del Estado.

Esa institución estatal realizó también un acto de "Reconocimiento Público de Responsabilidad Internacional del Estado" por el caso, en cumplimiento de la instrucción de la CorteIDH.

"El Estado reconoce su responsabilidad internacional con el fin de reparar el daño causado a la víctima, la señora I.V., y para que mediante su difusión este tipo de hechos no vuelvan a repetirse en nuestro país", sostuvo el procurador general del Estado, Pablo Menacho Diederich.

El funcionario resaltó que la promulgación en 2009 de la nueva Carta Magna del país supuso la inclusión de "nuevos derechos" fundamentales, como el derecho a la salud.

Menacho consideró que la sentencia de la CorteIDH es fundadora y pionera en la materia específica del consentimiento libre e informado respecto a la salud.

La CorteIDH condenó en diciembre pasado al Estado de Bolivia por la esterilización no consentida a la que fue sometida I.V. el año 2000 y por la frustración procesal en el acceso a la Justicia.

El caso se basa en la intervención de ligadura de trompas de falopio que habría sido efectuada sin que se tratara de una situación de emergencia y sin la aprobación firmada por la paciente, quien acababa de dar a luz.

Según la sentencia, las actuaciones del Estado boliviano en el proceso penal estuvieron llenas de obstáculos y falencias que socavaron la efectividad de la causa y llevaron a que se declarara la extinción de la acción penal luego de transcurridos cuatro años sin una decisión final.

El Tribunal pidió al Estado brindar tratamiento médico y, específicamente en salud sexual y reproductiva, así como tratamiento psicológico y psiquiátrico a la víctima.

Además, la CorteIDH ordenó pagar por concepto de daño material e inmaterial la cantidad de 50.000 dólares a la víctima y de 18.290 dólares por gastos y costes para Derechos en Acción.

La Procuraduría boliviana informó sobre la promulgación en agosto pasado de una ley para cubrir los costes de la prestación de atención médica a la damnificada en el centro de rehabilitación sugerido por ella y de un seguro especializado.

También se coordinó con el Ministerio de Salud para la edición y publicación de una cartilla que desarrolle los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Asimismo, el Comité Ejecutivo de las Universidades de Bolivia instruyó a las facultades de Medicina que incluyan en sus programas académicos el consentimiento informado como derecho de las personas.

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